Santa Marta y la transición energética

Mientras en Santa Marta más de 50 países se reúnen en la Conferencia Internacional para la Transición de los Combustibles Fósiles, hay una realidad incómoda que atraviesa toda la conversación: lo que los gobiernos dicen y lo que realmente financian no siempre coincide.

Se habla de transición energética, de descarbonización, de energías limpias y de independencia energética. De hecho, como se ha repetido en el evento, muchos países están en un punto de quiebre: o aceleran la transición o siguen expuestos a choques de precios y vulnerabilidad energética. Sin embargo, uno mira los números y la historia es más compleja.

A nivel global, en 2024, los gobiernos destinaron más de USD 1,2 trillones en apoyo a los combustibles fósiles, frente a cerca de USD 254 mil millones dirigidos a energías limpias. Es decir, el sistema que se quiere transformar sigue siendo, en la práctica, el que más respaldo recibe.

Esto no es simplemente una incoherencia, sino un reflejo de cómo funcionan realmente los sistemas energéticos. Cuando hay presión sobre precios o riesgos de abastecimiento, los gobiernos reaccionan. Subsidian, estabilizan, aseguran oferta. No hacerlo tendría costos inmediatos. El problema no es ese reflejo. El problema es que esa respuesta no siempre viene acompañada de una estrategia clara sobre cómo se va a transformar el sistema en el tiempo.

Ahí es donde la conversación sobre roadmaps, que ha tomado protagonismo en la conferencia de Santa Marta, cobra sentido. Estos planes no son un detalle técnico: son los que le dan dirección al proceso, permiten alinear expectativas y reducen la incertidumbre para gobiernos, inversionistas y comunidades.

Sin esa secuencia, lo que se tiene no es una transición, sino una suma de decisiones reactivas. Eso importa más de lo que parece, porque cuando las señales son confusas, la inversión se frena, las decisiones se postergan y el sistema se vuelve más vulnerable. Terminas con lo peor de ambos mundos: ni transformas el sistema al ritmo que necesitas, ni garantizas plenamente su estabilidad en el corto plazo.

La discusión, entonces, no debería girar en torno a si se apoya o no a los combustibles fósiles, sino a bajo qué lógica se hace y por cuánto tiempo. Pretender que el sistema puede reorganizarse de un día para otro no es realista, pero seguir reaccionando sin un rumbo claro tampoco lo es.

Porque al final, la transición energética no se mide por lo que se anuncia en espacios como la conferencia de Santa Marta promovida por el presidente Petro, sino por la coherencia entre lo que se dice, lo que se financia y el orden en el que se hacen las cosas. Hoy, más que falta de ambición, lo que se evidencia es falta de alineación.

El Niño llegará en plena tormenta energética colombiana

Colombia se está preparando para El Niño como si fuera un problema climático. No lo es del todo. Es, sobre todo, un problema energético y económico, y está llegando en el peor momento posible.

El Gobierno Nacional advirtió que hay un 90% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño llegue al país en septiembre de 2026. La noticia ha sido presentada como lo que, en apariencia, es: una alerta climática. La ministra (e) Irene Vélez mencionó sequías, aumento de temperaturas, incendios forestales y estrés hídrico. Todo eso es cierto, pero incompleto.

En un país como Colombia, donde alrededor del 70% de la electricidad depende del agua, El Niño no es solo un evento ambiental. Es principalmente una señal energética, y más aún, una señal económica.

Cada episodio de El Niño reduce los niveles de los embalses, limita la capacidad de generación hidroeléctrica y obliga al sistema a recurrir a plantas térmicas, que son más costosas. Esa transición silenciosa (de agua a combustibles fósiles) no solo cambia la forma en que se produce la energía (ya hablaré en otra oportunidad sobre eso) sino cuánto cuesta. Y ese costo, inevitablemente, termina trasladándose a hogares, empresas y al propio Estado.

Además, hay un agravante: el país no cuenta con el mismo respaldo energético de hace una década. La caída en la producción local ha obligado a recurrir a gas natural licuado (GNL), a precios internacionales y en condiciones más volátiles.

La diferencia no es menor. Según cifras de la Bolsa Mercantil de Colombia, el precio del gas pasó de un promedio de US$4,6 por millón de BTU en 2022 a cerca de US$10 en 2024. El gas importado, por su parte, se ha movido en rangos entre US$14,6 y US$18,3 por millón de BTU. Es decir, justo cuando el sistema más necesita respaldo térmico, ese respaldo no solo es más costoso, sino también más dependiente de mercados externos.

Para colmo, el país está viendo una caída significativa en su sector minero. La producción de carbón, uno de los principales productos de exportación, ha disminuido de forma importante, en un contexto de menor inversión, mayores cargas tributarias e incertidumbre regulatoria. En 2025, el sector registró su peor desempeño en dos décadas, con una caída relevante en inversión y exportaciones.

Esto no es un dato aislado. Es parte de una ecuación más amplia: Colombia está perdiendo capacidad de generación de ingresos por recursos energéticos al mismo tiempo que enfrenta un sistema más costoso de sostener.

Y sin embargo, esa historia no se está contando completa. El Niño se comunica como un hecho climático. El gas importado se discute como tema técnico. La caída de la minería se trata como noticia sectorial. Necesitamos conectar los puntos, porque cuando los riesgos se comunican de forma fragmentada, el país se prepara a medias.

El riesgo no es que llegue El Niño. El riesgo es que llegue en un país que no ha entendido ni explicado la magnitud del problema energético que enfrenta.