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Santa Marta y la transición energética

Mientras en Santa Marta más de 50 países se reúnen en la Conferencia Internacional para la Transición de los Combustibles Fósiles, hay una realidad incómoda que atraviesa toda la conversación: lo que los gobiernos dicen y lo que realmente financian no siempre coincide.

Se habla de transición energética, de descarbonización, de energías limpias y de independencia energética. De hecho, como se ha repetido en el evento, muchos países están en un punto de quiebre: o aceleran la transición o siguen expuestos a choques de precios y vulnerabilidad energética. Sin embargo, uno mira los números y la historia es más compleja.

A nivel global, en 2024, los gobiernos destinaron más de USD 1,2 trillones en apoyo a los combustibles fósiles, frente a cerca de USD 254 mil millones dirigidos a energías limpias. Es decir, el sistema que se quiere transformar sigue siendo, en la práctica, el que más respaldo recibe.

Esto no es simplemente una incoherencia, sino un reflejo de cómo funcionan realmente los sistemas energéticos. Cuando hay presión sobre precios o riesgos de abastecimiento, los gobiernos reaccionan. Subsidian, estabilizan, aseguran oferta. No hacerlo tendría costos inmediatos. El problema no es ese reflejo. El problema es que esa respuesta no siempre viene acompañada de una estrategia clara sobre cómo se va a transformar el sistema en el tiempo.

Ahí es donde la conversación sobre roadmaps, que ha tomado protagonismo en la conferencia de Santa Marta, cobra sentido. Estos planes no son un detalle técnico: son los que le dan dirección al proceso, permiten alinear expectativas y reducen la incertidumbre para gobiernos, inversionistas y comunidades.

Sin esa secuencia, lo que se tiene no es una transición, sino una suma de decisiones reactivas. Eso importa más de lo que parece, porque cuando las señales son confusas, la inversión se frena, las decisiones se postergan y el sistema se vuelve más vulnerable. Terminas con lo peor de ambos mundos: ni transformas el sistema al ritmo que necesitas, ni garantizas plenamente su estabilidad en el corto plazo.

La discusión, entonces, no debería girar en torno a si se apoya o no a los combustibles fósiles, sino a bajo qué lógica se hace y por cuánto tiempo. Pretender que el sistema puede reorganizarse de un día para otro no es realista, pero seguir reaccionando sin un rumbo claro tampoco lo es.

Porque al final, la transición energética no se mide por lo que se anuncia en espacios como la conferencia de Santa Marta promovida por el presidente Petro, sino por la coherencia entre lo que se dice, lo que se financia y el orden en el que se hacen las cosas. Hoy, más que falta de ambición, lo que se evidencia es falta de alineación.

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¿Sabe qué significa “transición energética” en Colombia?

Pocas expresiones se repiten hoy con tanta frecuencia en el debate energético como “transición energética”. Sin embargo, también es una de las menos definidas.

Dependiendo de quién la diga, puede significar entre abandonar los combustibles fósiles, electrificar la economía, reducir emisiones de carbono o diversificar la matriz energética. En algunos casos, incluso se usa para referirse a todas estas cosas al mismo tiempo, con distintos grados de urgencia. 

¿Sabemos entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de transición energética en Colombia?

Digamos que la transición energética se refiere, en su forma más simple, al proceso mediante el cual un país cambia la forma en que produce, transporta y consume energía para reducir su impacto ambiental. En nuestro caso, la transición en Colombia suele asociarse principalmente con la expansión de energías renovables como la solar y la eólica, la electrificación de algunos sectores de la economía, y la reducción gradual de la dependencia de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas).

Ahora bien: parte del problema de definición de este término empieza porque la conversación ocurre en círculos muy especializados: ingenieros, economistas, reguladores y expertos que discuten con frecuencia sobre matrices energéticas, emisiones o tecnologías emergentes. Rara vez se traducen esos términos en un lenguaje que resulte claro y práctico para la mayoría de los colombianos, lo que termina siendo entonces no solo un desafío tecnológico sino también de comunicación pública.

Y entender el tema de la energía es crucial: cuando los conceptos clave de una transformación tan ambiciosa no están claros, el debate público se vuelve confuso. Y de esa confusión se aprovechan otros actores para promover agendas propias. Termina entonces el ciudadano común, o bien rechazando de tajo lo que no entiende, o simplemente ignorando un tema que no percibe propio ni que le atañe.

La transición energética en Colombia implica mucho más que construir nuevas tecnologías o modificar marcos regulatorios. Implica también construir una conversación pública capaz de explicar qué está cambiando, por qué y para qué. 

Obviamente esto no quiere decir que la sociedad deba convertirse en experta en ingeniería energética. Pero sí significa que cualquier transformación de esta magnitud requiere un lenguaje más claro, más accesible y más conectado con la vida cotidiana de los colombianos.

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Transición energética vs agregación energética: el problema no es técnico, es narrativo

Me encontré una campaña reciente en redes sociales que propone algo interesante: dejar de hablar de “transición energética” en Colombia y empezar a hablar de “agregación energética”.

La idea, según entiendo, es que en Colombia no podemos “transicionar” porque eso pondría en riesgo nuestra seguridad energética. Que la transición suena a reemplazar unas fuentes por otras, a depender de una sola matriz. Y que lo correcto sería “agregar”, es decir, sumar, complementar, diversificar.

Más allá de si eso es técnicamente correcto o no, lo que a mí me interesa es otra cosa: ¿qué pasa cuando intentamos cambiar un término que ya está completamente posicionado en el mundo?

La transición energética no es un invento local ni un eslogan ideológico colombiano. Es el marco bajo el cual están operando economías como Alemania, China o Estados Unidos. Es el lenguaje que usan los mercados, los multilaterales, los inversionistas. Es el término que organiza la conversación global.

Intentar reemplazarlo aquí no es un simple ajuste semántico. Es jugar en un campo semántico distinto cuando el partido ya se está jugando en otro. Y vamos perdiendo.

Y ese movimiento, comunicacionalmente, tiene un problema: no cambia el marco mental de quienes piensan diferente. No persuade a los críticos. No reconfigura la conversación internacional. Lo que hace, en la práctica, es reforzar la idea entre los ya convencidos. Entre los adeptos. Y eso, siendo honestos, es innecesario e ineficiente.

La transición energética en Colombia no significa apagar la minería mañana. No significa cerrar la industria. No significa desconocer que hoy dependemos de ciertas fuentes. Significa mirar al horizonte y establecer metas. Significa planear.

Entiendo que para algunos gremios la palabra “transición energética” se haya cargado de ideología. Es cierto: algunos sectores en Colombia la han usado como bandera política. Pero que un término se ideologice en el debate público no significa que su arquitectura conceptual esté capturada por esa ideología.

Colombia podrá no ser el mayor productor de CO2 del mundo, pero sí sufre las consecuencias del cambio climático. Y lo vemos en las inundaciones en el departamento de Córdoba; en poblaciones campesinas del Magdalena; en comunidades que no participan del debate semántico pero sí sienten el impacto cada temporada de lluvias.

Las empresas deben proteger sus intereses y comunicar desde su realidad productiva. La seguridad energética colombiana es un asunto serio. Pero quizá el desafío no sea reemplazar el lenguaje global, sino aprender a habitarlo con inteligencia.

La transición energética no es, por definición, un ataque a la minería. Es un horizonte de transformación. Y los sectores productivos que entiendan cómo posicionarse dentro de ese horizonte (sin negarlo ni diluirlo) serán los que logren mayor legitimidad en el largo plazo.

Tal vez no se trata de cambiar la palabra, sino de cambiar la forma en que la contamos, y ahí es donde, más que nuevos términos, lo que necesitamos es mejor estrategia.

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La transición energética no fracasa por falta de tecnología, sino por falta de narrativa

Cada vez que hablamos de cambio climático o transición energética, asumimos que el problema es puramente técnico: necesitamos más energías renovables, más inversión, más regulación, más innovación. Y sí, es cierto. Pero hay algo que rara vez se discute con la misma seriedad: la forma en que hablamos de estos procesos puede acelerar o frenar su avance.

La transición energética no ocurre en el vacío. Pasa en la opinión pública, en Facebook, en las conversaciones familiares, en debates políticos, en titulares de prensa y en reportes de sostenibilidad del sector privado. Y en ese terreno, las palabras importan.

No es lo mismo hablar de “crisis climática” que de “variabilidad climática”. Por ahí leí a un CEO en Colombia decir que reemplacemos “transición energética” por “agregación energética”. Esa elección de palabras no es menor. Igual de cierto que no es lo mismo referirse a los combustibles fósiles como “energía sucia” que como “energía tradicional en transformación”. Cada adjetivo activa marcos mentales distintos. Cada metáfora construye una realidad diferente.

Cuando describimos la transición energética como una “guerra contra el petróleo”, estamos invitando a la confrontación. Cuando la presentamos como una “evolución del sistema energético”, abrimos espacio para la adaptación. Las metáforas no son adornos literarios: son atajos cognitivos que moldean cómo entendemos el mundo.

En América Latina, donde buena parte de las economías depende del sector energético, el lenguaje no es un detalle cualquiera. Si la transición se comunica como castigo, genera resistencia. Si se comunica como proceso gradual y estratégico, genera negociación. Si se comunica como amenaza al empleo, despierta miedo. Si se comunica como reconversión productiva, abre posibilidad.

Las políticas públicas pueden diseñarse con precisión técnica impecable. Pero si la narrativa que las acompaña genera desconfianza, el costo político se multiplica. La legitimidad social no se construye solo con cifras; se construye con sentido.

Por eso, la forma en que comunicamos el cambio climático importa —y mucho. No porque reemplace las acciones, sino porque define el terreno sobre el cual esas acciones serán aceptadas, debatidas o bloqueadas.

La transición energética no es únicamente un desafío tecnológico. Es, ante todo, un desafío narrativo.

Y mientras no entendamos eso, seguiremos preguntándonos por qué, teniendo las soluciones técnicas, el cambio avanza más lento de lo esperado.